Piden que Casación informe sobre el almuerzo secreto con Luis Petri
En Defensa dicen que el ministro se reunió con los camaristas para discutir los avances y alcances de la Operación Roca con la que pretende implicar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior.
El almuerzo secreto entre el ministro de Defensa, Luis Petri, y los jueces de la Cámara Federal de Casación sigue generando reacciones en los tribunales de Comodoro Py. Después de que Página/12 revelara que la versión oficial indica que el objetivo de la reunión habría sido conversar sobre los avances y alcances del plan para mandar a las Fuerzas Armadas a las fronteras para hacer tareas de seguridad interior, el secretario general de la seccional Capital de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Daniel “Tano” Catalano, reclamó que se le pregunte a Casación si efectivamente Petri habló sobre esa intervención.
Catalano denunció a Javier Milei, Patricia Bullrich y Petri por abuso de autoridad, incitación a la persecución y odio por razones políticas. “Han pergeñado un sistema de persecución sobre comunidades indígenas, migrantes, refugiados, agrupaciones sindicales y organizaciones sociales que justifican mediante discursos de odio que difunden desde las redes sociales y a través de medios de comunicación para revivir la tristemente célebre teoría del enemigo interno utilizada por las dictaduras y valiéndose de uno de los conceptos más trillados, el del terrorismo”, dice el escrito que presentó con el patrocinio del abogado Rodolfo Yanzón.
La denuncia fue presentada el jueves pasado, un día después del almuerzo entre Petri y los camaristas, que, hasta entonces, no había tomado estado público. La presentación quedó radicada ante el juzgado federal de Sebastián Casanello e interviene la fiscalía federal de Guillermo Marijuán.
Catalano ratificó este martes su denuncia y le pidió a Marijuán que solicite informes para que Casación confirme si efectivamente, como le dijeron a este diario desde Defensa, se habló de la Operación Julio Argentino Roca durante el encuentro de la semana pasada.
El almuerzo
El miércoles pasado, Petri encabezó la ceremonia por el Día de la Armada desde el Edificio Libertad. Es decir, desde la vereda de enfrente de los tribunales de Comodoro Py. Desde allí, el ministro justificó la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior ante la existencia de “amenazas” y cargó contra los “progres” que no quieren a los militares.
Su agenda no se terminó allí. Al mediodía recibió a los jueces de la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país, en la Fragata Sarmiento, que está amarrada frente a Puerto Madero y funciona como un museo de la Armada.
Al convite asistieron todos los integrantes de la Casación con la excepción de dos: Alejandro Slokar y Ángela Ledesma. En la Cámara dicen que no hubo una convocatoria formal para el encuentro con el ministro, solo una invitación que se transmitió a pedido del presidente de la Casación, Daniel Petrone.
Ni Casación ni Defensa informaron del almuerzo. Veinticuatro horas antes del encuentro con Petri, los casadores se habían reunido con Patricia Bullrich. En esa ocasión sí hubo una comunicación oficial que daba cuenta de la visita de la ministra de Seguridad a los tribunales de Comodoro Py.
La justificación
Abogado de formación, Petri tiene varios intereses en los tribunales de Comodoro Py. El 8 de abril, la Casación convalidó la llamada “Ley Petri” al limitar las libertades condicionales o asistidas de quienes tienen una condena por drogas. Fue en un fallo plenario en el que todos los integrantes de Casación se pronunciaron a favor de las limitaciones. Solo se pronunciaron en disidencia Ledesma, Slokar y Juan Carlos Gemignani. Petri celebró la resolución en sus redes sociales.
A principios de este mes, Petri reclutó a un funcionario de Comodoro Py para que ejerza como su director de Derechos Humanos, Género y Derecho Internacional Humanitario. Se trata de Joaquín Mogaburu –secretario del Tribunal Oral Federal (TOF) 7, el que tiene la causa de los cuadernos. Mogaburu debe reemplazar a Lucas Miles Erbes, que salió eyectado después de que la familia militar montara en cólera porque Petri dispuso la baja de 23 militares con condenas firmes por delitos de lesa humanidad.
Petri tiene dos asesores en derechos humanos, Silvia Ibarzábal y Arturo Larrabure, que tienen un especial interés en las causas de la “justicia completa”. Casación tiene para decidir si se abre una investigación por la bomba que en 1976 Montoneros colocó en la sede de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF), donde funcionaba la inteligencia de la Policía Federal Argentina (PFA) y un centro clandestino de detención. Es un caso especialmente sensible, que podría servir de punta de lanza para juzgar a los militantes de los ’70.
Sin embargo, desde Defensa, dicen que en el almuerzo se habló de los avances y alcances del Plan Roca, el operativo del Gobierno para desplegar a las Fuerzas Armadas en las fronteras. El tema no está exento de polémicas y, de hecho, ya fue judicializado por organismos de derechos humanos de Salta, como informó Elena Corvalán en este diario. Esto implica que alguno de los que compartió la comida con Petri podría tener que revisar la legalidad de la operación.
En su presentación, Catalano se refiere la resolución 345 del 11 de abril pasado con la que el ministerio de Defensa da inicio a la Operación Julio Argentino Roca. Inscribe esta operación dentro de una serie de medidas que adoptó el Gobierno para habilitar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, algo que está vedado.
Las reglas de empeñamiento de la Operación Roca son secretas. “La única información con la que se cuenta son las declaraciones públicas del ministro de Defensa, en las que afirma que se ha dotado a las Fuerzas Armadas de los recursos necesarios para aprehender ‘delincuentes’, ‘narcos’ y ‘terroristas’”, dice la denuncia de Catalano.
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