El cierre de Vialidad dejó en el aire obras claves y tensa la relación con provincias endeudadas
La disolución del organismo dejó sin rumbo obras anunciadas en 13 provincias. Gobernadores deberán afrontar los costos en medio de la deuda que arrastra Nación. Denuncian negocios y abandono de rutas “donde ya hubo muertos”.
La decisión del Gobierno nacional de cerrar de forma definitiva la Dirección Nacional de Vialidad, junto con otros organismos vinculados al tránsito y la seguridad vial, disparó una fuerte incertidumbre sobre decenas de obras anunciadas en el interior del país. En plena reconfiguración del sistema de ejecución, gobernadores deberán hacerse cargo de tramos clave, en medio de presupuestos ajustados y una deuda millonaria que la Nación todavía no giró.
En los últimos meses, la propia web del organismo había informado avances en rutas estratégicas para la conectividad regional. Ahora, el traspaso de responsabilidades y el desfinanciamiento generan dudas sobre el futuro de esas obras. Las jurisdicciones provinciales, ya golpeadas por la falta de recursos, deberán asumir tareas de mantenimiento y ejecución sin garantías de reembolso.
“Al día de la fecha se están certificando unas ocho obras, cinco con financiamiento externo y tres pequeñas. No hay transferencia formal de las adjudicadas”, advirtió Fabián Catanzaro, titular de la Federación del Personal de Vialidad Nacional. Y aclaró: “Si hubo algunas transferencias fue por acuerdos políticos entre Nación y los gobernadores, pero son casos marginales”.
Desde Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni justificó el cierre de organismos al asegurar que el Gobierno abrirá licitaciones por más de 9.000 kilómetros de rutas y que todas las obras iniciadas bajo la Ley Bases continuarán. Sin embargo, en el terreno, la realidad es otra: falta inspección, faltan fondos y sobra confusión.
Las provincias ya comenzaron a manifestar su malestar. Es que la presión fiscal de hacerse cargo de rutas nacionales recae sobre distritos que arrastran retrasos en las transferencias. Además, las obras deberían cumplir estándares técnicos que ahora nadie sabe bien quién controla.
En Santa Fe, se había prometido mantenimiento integral de la Ruta Nacional 11, entre Gobernador Crespo y Avellaneda. En Salta, avanzaba un tramo clave entre Rosario de la Frontera y Metán. En Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo había firmado un convenio para intervenir en las rutas 7, 40 y 143, sin recibir un solo peso a cambio. El acuerdo incluía exigencias técnicas y estudios ambientales que hoy quedaron sin fiscalización.
En Catamarca, el gobernador Raúl Jalil había acordado obras “estratégicas” con Vialidad. En Jujuy, se trabajaba sobre la autopista de la Ruta 34, en el marco del plan “Jujuy Construye”. En Formosa, la Justicia había ordenado tareas urgentes sobre las rutas 11, 81, 86 y 95, especialmente en Puente Blanco, donde ya se registraron accidentes fatales.
En el sur, Vialidad intervenía en la Ruta 35, entre Bahía Blanca y La Pampa, luego de un temporal que dejó esa vía intransitable. En Río Negro, se completó repavimentación en Villa Regina, mientras que en Santa Cruz, se había licitado por más de $5.000 millones la reparación del puente sobre el río Santa Cruz, en cumplimiento de un fallo judicial.
También había avances en la Ruta 21 en Neuquén, entre El Cholar y El Huecú. En Corrientes, se esperaba la mejora de los corredores viales de las rutas 12 y 14. En Entre Ríos, seguía adelante la transformación en autovía de la Ruta 18, ya en su etapa final.
Frente al parate, Graciela Aleñá, secretaria general del gremio STVyARA, fue tajante: “Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones. El decreto está armado para hacer negocios, como el desvío escandaloso del Impuesto a los Combustibles”. Y disparó contra el presidente y su ministro: “Milei y Sturzenegger están generando rutas nacionales de la muerte”.
La licuación de responsabilidades no solo dejó en el limbo decenas de obras ya adjudicadas, sino que además desató un conflicto con las provincias que no pueden absorber más costos sin fondos. En este contexto, el futuro inmediato de muchas rutas argentinas quedó atado a negociaciones políticas o directamente abandonado a su suerte.
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