Luego de una marcada caída del salario en el primer trimestre la CGT marcha y decide cómo sigue

El paro general del 10 de abril tuvo un fuerte acatamiento entre los trabajadores. Para la conducción de la CGT resultó un “éxito contundente”. El indicador más significativo surgió de una curiosa paradoja. A pesar de la decisión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de no adherir a la medida, los colectivos en las zonas metropolitanas circularon semivacíos. De este modo, la adhesión a la medida se produjo de manera consciente de parte de una gran masa de la población que encontró un canal para expresar su malestar por la situación social y económica.

¿Desensillando?

La conducción de la CGT definió continuar el plan de acción adelantando al miércoles 30 el acto originalmente pautado para el jueves 1 de mayo. La decisión, sin ser acompañada por un nuevo paro general, implica una desescalada del conflicto con relación a las 36 horas últimas. La marcha concluirá en el monumento al Trabajo y no habrá acto ni oradores.

La reacción del gobierno fue la prevista. Desestimó el impacto del paro general y no abrió ningún canal de diálogo con la central sindical. Además, primero el ministro de Economía, Luis Caputo, y luego el propio presidente Javier Milei, intentaron deslegitimar la medida celebrando una supuesta mejora del salario real de los trabajadores registrados del sector privado cuándo, en rigor, ocurrió exactamente lo contrario (ver recuadro).

Se recalienta la inflación

En el medio se conoció la inflación de marzo que trepó al 3,7% (5,9% en el caso de los alimentos) y se anunció el nuevo acuerdo con el FMI que, devaluación mediante y más temprano que tarde, augura una nueva escalada de precios.

Así las cosas, con el gobierno aferrado a su decisión de ningunear los reclamos, la pelota quedó del lado de la conducción de la CGT que tendrá que definir en los próximos días la continuidad del plan de lucha o, caso contrario, la interrupción del mismo en nombre de, por ejemplo, el duelo papal o, más de fondo, dar lugar al proceso electoral.

A contramano de la posición oficial, que busca convencer a la opinión pública de que los sindicatos no tienen motivos para profundizar las medidas, lo cierto es que el reciente acuerdo con el FMI implica un mayor ajuste fiscal (superávit del 1,6%) y profundas reformas laboral y previsional, que traen una mayor flexibilidad laboral, incremento de la productividad sobre la base de más explotación y el deterioro de los ingresos de los trabajadores pasivos desnaturalizando el carácter solidario del sistema previsional para transformarlo en una política de tipo asistencial.

Así los disponen tanto el proyecto de ley de la diputada santafesina de la Libertad Avanza, Romina Diez, que recoge todo el articulado del título laboral del DNU 70/23, suspendido por la justicia y que espera su tratamiento en el Congreso, como los textos que prepara el oficialismo para modificar el sistema previsional.

El patio trasero no está en orden

Los dirigentes de la CGT sufren, además, la presión de la política de los techos para las paritarias bajo la amenaza de no homologación de acuerdos en sus propios sindicatos. Es que, empezando por los integrantes del triunvirato de conducción, los principales gremios que aceptaron la pauta del 1% impuesta por el gobierno sufrieron en los primeros tres meses de 2025 un marcado deterioro del poder adquisitivo de los salarios.

La inflación entre enero y marzo de este año acumuló un 8,6% cuando los acuerdos salariales no llegaron ni al 5%. Sugestivamente, el gremio de la Sanidad, conducido por el cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, resignó en su rama de Clínicas privadas un 4,5% de su poder adquisitivo solo en esos tres meses. Uno de sus pares en la conducción, Octavio Agüero, deberá lidiar para recuperar el 1,9% de salario real que perdió el gremio de los Camioneros entre enero y marzo, mientras que los trabajadores de estaciones de servicio liderados por el tercer secretario general de la CGT, Carlos Acuña, perdieron un 2,3% de su poder adquisitivo.

Peor es la situación de los empleados públicos nacionales, cuyo sindicato mayoritario, UPCN, liderado por el secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, aceptó resignar en ese mismo período un 4,2% de su poder adquisitivo que se suma al 34% que perdieron los empleados públicos nacionales desde que asumió el gobierno de Javier Milei hasta enero de 2024. Así lo demuestra el informe que difunde la Junta Interna de ATE Indec, basado en los aportes de los técnicos de ese organismo. La pérdida del poder de compra del sector escala al 55% si se toma de referencia diciembre de 2015 según la misma fuente. La situación se torna más sombría si se toma en cuenta que, horas antes de conocerse el informe de inflación de marzo y el nuevo acuerdo con el FMI, Rodríguez firmó un nuevo acuerdo salarial del 1,3% para cada uno de los meses que van de abril a junio.

En el sector público nacional también destaca el retroceso salarial de los docentes universitarios, que perdieron entre enero y marzo un 5,3% motivo por el cual las principales federaciones que representan al sector, la Conadu (CTA-T) y la ConaduH (CTA-A), con la significativa excepción de aquella que milita en la CGT, la Fedun, pararon durante 48 horas la semana última.

La mayoría de los datos consignados surgen de un informe elaborado por el Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, que además da cuenta de una caída del salario mínimo vital y móvil del 2,3% en el período, del 6,8% para las trabajadoras de casas particulares, del 4,6% de los trabajadores textiles, del 4,3% del sindicato de la Alimentación, conducido por Rodolfo Daer, y del 3,9% para la UOM de Abel Furlán. El gremio de Comercio, liderado por Armando Cavalieri, perdió un 3,1%, los gráficos un 3,7% y, entre otros, la construcción un 1,6 por ciento.

Motivos para profundizar las medidas de lucha, está visto, sobran. Está por verse si la encrucijada fuerza a una nueva acción conjunta de la CGT para reclamar la reapertura y revisión de las paritarias, o, en su defecto, si los dirigentes buscan entendimientos particulares, o si, en tiempos de pompas papales, los líderes cegetistas decidan “poner la otra mejilla”.

¿Subieron los salarios o la explotación laboral?

Con el propósito de deslegitimizar el plan de lucha de la CGT, el ministro Luis Caputo se apresuró en difundir en su cuenta de X un gráfico que mostraría un incremento del salario real de los trabajadores registrados. El funcionario aseguró que “el salario real privado registrado está en el máximo nivel desde agosto de 2018”.

La fuente utilizada por el funcionario son los informes de la Secretaría de Trabajo basados en datos de ARCA, cuyo apartado metodológico, según reveló Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA-A, reconoce que “incluyen todos los adicionales no mensuales y las horas extras”. El investigador indica que según el Indec, las horas extra aumentaron un 3,3% en el tercer trimestre de 2024 y un 5,1% en el cuarto. De hecho puntualiza Campos, según el mismo Indec, los salarios privados “todavía están un 1,5% por debajo del promedio diciembre 2022 – noviembre 2023” y “se ubican un 14% debajo” de agosto 2018. En realidad, amparadas en la caída del salario de convenio, las empresas impusieron una extensión de la jornada laboral.

TIEMPO.-