¿Es deseable regular las redes sociales? El costo de opinar en tiempos de Milei

Los ataques brutales orquestados contra Julia Mengolini y Esteban Paulón dan cuenta de un deterioro del debate público digital que invita a preguntarse por límites legales al uso de las redes sociales y la IA. ¿En nombre de qué otros derechos se puede restringir la libertad de expresión? ¿Equivale esta última al derecho a difundir noticias falsas y de extrema violencia?

En los últimos días, la periodista Julia Mengolini y el diputado santafesino Esteban Paulón se convirtieron en blancos visibles de una serie de ataques con fuerte carga sexualizada y homofóbica, organizados en redes sociales por sectores libertarios y amplificados por el propio presidente Javier Milei. Los episodios no son hechos aislados: forman parte de un clima de hostigamiento creciente hacia opositores, comunicadores y figuras del colectivo LGBTIQ+, que genera una profunda preocupación en organismos nacionales e internacionales.

La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados debatió esta semana una serie de proyectos para repudiar este tipo de agresiones. El temario incluyó iniciativas de distintos bloques –Unión por la Patria, UCR, Coalición Cívica, Frente de Izquierda, PRO, entre otros– que buscan dejar un mensaje institucional frente al uso sistemático de discursos de odio y contenidos manipulados mediante inteligencia artificial.

Los casos más recientes tienen como protagonistas a Mengolini, víctima de la difusión de deepfakes pornográficos, y a Paulón, quien fue acusado de pedofilia en un programa del canal de streaming libertario Carajo, conducido por el influencer Daniel Parisini, alias “Gordo Dan”. Ambos fueron blanco de campañas digitales virulentas que incluyeron amenazas, insultos y mensajes intimidatorios.

Tuits, mentiras y amenazas de muerte

“No es que no estuviera habituada a los ataques virtuales, pero esta vez hubo algo distinto: se crearon dos videos pornográficos con inteligencia artificial y el presidente tuiteó 93 veces sobre mí. Lo más escalofriante fue la cantidad de amenazas que recibí, incluso de muerte”, relató Mengolini en diálogo con Página/12.

Paulón, por su parte, denunció que los ataques se dispararon tras su voto en contra de la Ley Bases y una presentación que realizó sobre el funcionamiento de la Oficina del Presidente (OPRA). “Pasaron de acusarme de zurdo a pedófilo, incluso inventaron que la Policía Federal iba a allanar mi casa. Es una campaña sistemática de estigmatización”, afirmó.

“Cualquier persona del colectivo LGBT queda expuesta al impulso de alguien que sienta que tiene que hacer justicia por mano propia, bajo la falsa y peligrosa idea de que ser gay equivale a ser pedófilo”, advirtió.

¿Libertad de expresión o apología del odio?

Uno de los principales argumentos de quienes perpetran y justifican estos ataques es la defensa de la libertad de expresión. Sin embargo, diversos especialistas alertan sobre los límites de ese derecho cuando entra en colisión con otros, como el derecho a la integridad, a la no discriminación y a la participación en el debate público libre de violencia.

“El discurso de odio no es libertad de expresión. Es una forma de censura violenta que busca silenciar a quienes piensan distinto”, resume Micaela Cuesta, coordinadora del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad de San Martín (Unsam). A su vez, plantea que este tipo de prácticas están ligadas no solo a dinámicas políticas, sino también a modelos de negocios basados en la monetización del escándalo.

“La circulación de odio genera más clics, más interacción, y por tanto, más ingresos publicitarios. Es un fenómeno que debe ser abordado desde una perspectiva jurídica, pero también económica y cultural”, agrega Cuesta.

Las plataformas digitales como X (ex Twitter), bajo el control de Elon Musk, han relajado los mecanismos de moderación, fomentando un entorno hostil. Desde su adquisición de la empresa, Musk despidió a los equipos encargados de controlar contenidos y promovió una supuesta “libertad total” que ha derivado en una mayor polarización. Esto ha provocado una caída del 15% en la cantidad de usuarios y una pérdida de confianza generalizada.

Palabra de Estado

El rol del presidente Milei en estas campañas no es menor. Sus intervenciones no solo validan el discurso violento, sino que lo transforman en política oficial. En su discurso en el Foro de Davos de 2025 –uno de los más recordados por su tono agresivo– reforzó la asociación entre progresismo, “ideología de género” y decadencia social, abonando el terreno para ataques posteriores.

El impacto de estas palabras no es simbólico: “Cuando el presidente habla, no lo hace como un tuitero más. Hay una responsabilidad institucional”, remarca Natalia Zuazo, especialista en tecnología y políticas públicas.

Zuazo destaca que Argentina ya cuenta con herramientas legales para enfrentar estos ataques. El artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con jerarquía constitucional, prohíbe expresamente toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia.

Además, menciona el Plan de Acción de Rabat, impulsado por Naciones Unidas, que establece criterios claros para distinguir entre libertad de expresión y discurso de odio: la intención, el contexto, la frecuencia, el alcance, y la posición de quien lo emite. “No es lo mismo un ciudadano anónimo que el presidente de la Nación”, subraya.

Hacer callar

La ofensiva organizada de las cuentas oficiales y sus satélites buscan operar sobre quiénes permanecen en la red, tan inhóspita como es hoy X, y controlar qué temas se discuten en internet. Al atacar en manada a otros sectores, los ejercitos de trolls consiguen que las voces que no se alinean con el mileísmo se retiren. Así es como aumentan su capacidad para imponer sus propios temas y perspectivas. Es una táctica que arrasa con el terreno –online– y permite que sus seguidores tengan una voz cada vez más hegemónica. Silencian a los demás e imponen su discurso.

Este tipo de agresiones no solo dañan a las personas directamente involucradas, sino que tienen un efecto más amplio sobre el sistema democrático. Lo que los especialistas denominan chilling effect —efecto amedrentador— implica que muchas personas, especialmente mujeres y disidencias, opten por el silencio ante el riesgo de ser violentadas.

La Unesco publicó en 2021 un informe titulado The Chilling, que documenta cómo las mujeres periodistas enfrentan niveles alarmantes de violencia misógina, sexualizada y sexista en entornos digitales. Muchas encuestadas reportaron efectos negativos en su salud mental, autocensura y hasta abandono de la profesión.

Según un estudio de la empresa informática Security Hero, el 98% de las deepfakes tienen como protagonistas a mujeres y dentro de ese 98% la mayoría son periodistas, políticas o activistas de derechos humanos, antirracistas o feministas. 

“El contexto es violento y el lenguaje que se utiliza lo refleja”, explica Silvia Ramírez Gelbes, doctora en Lingüística (Filo/UBA) y directora de la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés. “Ese lenguaje, por más brutal que parezca, representa un entorno social hostil que ha empezado a naturalizarse. Lo grave es que los límites morales y legales comienzan a desdibujarse”, advierte.

En este contexto de deterioro del debate público digital, cabe preguntarase por límites legales al uso del discurso de odio, las redes sociales y la inteligencia artificial. ¿Cómo se podría llevar algo así la práctica? ¿En nombre de qué otros derechos se puede restringir la libertad de expresión? ¿Se pueden sanear los espacios de la discusión pública digital?

En el mundo troll y el libertarismo en general justifican ataques como los que se organizaron contra Mengolini o Paulón detrás de la idea de defender la libertad de expresión. ¿Pero la libertad de expresión equivale al derecho difuminar noticias falsas y de extrema violencia? Como si se tratara de una concepción de ‘libertad’ caprichosa, de esa a la que aspiran los niños: la de poder decir o hacer cualquier cosa sin que nada tenga ninguna consecuencia. 

La referencia a la ‘Libertad de expresión’ aparece en estos casos asociada a la posibilidad de actuar ‘libres’ de la censura woke’, en palabras de Elon Musk. Cuando el empresario tecnológico, dueño de X, dice que aspira al liberar al mundo de la ‘censura woke’ se refiere a las escasas normas de control que antes de que él comprara X intentaban asentar una mínima regulación de contenidos en funcion de reducir la circulacion de noticias falsas y discursos de odio.

Democracia y redes: ¿Es posible regular?

A nivel internacional, varios países están avanzando en el diseño de normativas que buscan poner freno a la desinformación y el discurso de odio. Francia y Alemania ya cuentan con leyes que obligan a las plataformas a retirar contenidos nocivos. En Brasil, el Tribunal Superior Electoral ha prohibido el uso de deepfakes durante los períodos de campaña electoral.

La Unión Europea también ha impulsado la AI Act y una Carta de Inteligencia Artificial, aunque su aplicación concreta aún está en debate. En Argentina, se analiza la posibilidad de actualizar la legislación vigente en relación con el uso de inteligencia artificial en la producción y difusión de contenidos falsos.

Pero incluso sin nuevas leyes, los especialistas coinciden en que ya existen herramientas para actuar. “No se trata de limitar la libertad de expresión como norma, sino de impedir que esa libertad sea usada para deshumanizar, amedrentar o silenciar”, resume Zuazo.

Tres frentes de acción

Para el diputado Paulón, los ataques que sufrió deben abordarse en tres planos: el judicial, el parlamentario y el del debate público. “Ya presentamos las denuncias penales por calumnias, injurias, discriminación y amenazas. Pero también es clave no ceder el espacio público a la intolerancia. Hay que dar la pelea cultural”, sostiene.

La resolución que repudia estos hechos fue tratada en la Comisión de Mujeres y Diversidad y, según anticipó el legislador, será aprobada con una amplia mayoría en el recinto, con el respaldo de casi todos los bloques, salvo La Libertad Avanza.

Mientras tanto, Mengolini insiste en la necesidad de establecer marcos éticos en el mundo digital. “Así como en la vida real hay normas de convivencia, en las redes también tiene que haberlas. Este es un debate incipiente, pero urgente. Las amenazas no pueden seguir siendo gratuitas”.

PAGINA12.-