Trabajadores de Lácteos Verónica denuncian maniobras de vaciamiento y exigen intervención urgente del Gobierno de Santa Fe
Con salarios adeudados, sospechas de vaciamiento y exportaciones millonarias en los últimos años, los trabajadores de la planta Clason de Lácteos Verónica exigen la intervención urgente del Gobierno provincial de Santa Fe y denuncian maniobras empresariales para evadir responsabilidades y desmantelar la firma.
Los trabajadores de la planta Clason de Lácteos Verónica, ubicada en la provincia de Santa Fe, denunciaron una crítica situación salarial y advirtieron sobre presuntas maniobras deliberadas para vaciar la empresa. A la fecha, la firma adeuda la totalidad del salario de mayo, cargas sociales impagas y mantiene un prolongado historial de incumplimientos económicos y financieros. La dimensión del conflicto ha provocado la reacción de distintos sectores políticos, que ya reclaman la intervención del Ejecutivo provincial.
Según informaron los propios obreros, la crisis que atraviesan no responde a una coyuntura económica genuina, sino a una posible estrategia empresarial para licuar pasivos, fugar recursos y evitar responsabilidades. “No estamos frente a una crisis inevitable, sino frente a una crisis fabricada”, señalaron en un comunicado dirigido a la comunidad.
La Cámara de Diputados de Santa Fe ya ha tomado cartas en el asunto. El legislador Carlos Del Frade presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para conocer la situación real de la empresa, que cuenta con unas 700 personas trabajadoras entre sus plantas de Clason, Lehmann y Suardi. Por su parte, los diputados Marcos Corach y Celia Isabel Arena solicitaron la conformación urgente de una mesa de diálogo con autoridades provinciales y representantes sindicales, además de analizar vías de financiamiento para preservar los puestos de trabajo.
En el plano económico, las cifras que manejan los trabajadores refuerzan sus sospechas: entre 2020 y 2025, Lácteos Verónica exportó por más de 102 millones de dólares. A pesar de esta rentabilidad sostenida durante años —incluso durante la pandemia—, la empresa comenzó a incumplir con aportes previsionales, salarios y compromisos con proveedores.
Uno de los puntos más sensibles gira en torno a la empresa Las Becerras S.A., controlada por la misma familia Espiñeira, titular de Verónica S.A. Según los obreros, existirían indicios de triangulación y transferencia de activos, especialmente campos y maquinaria, lo que podría representar una maniobra de vaciamiento encubierto bajo el pretexto de “diversificación”. Aunque Las Becerras no tiene conflictos laborales ni deudas registradas, podría estar absorbiendo recursos estratégicos del grupo económico.
El conflicto tuvo su punto de inicio el pasado 13 de mayo, cuando los trabajadores comenzaron una retención de tareas tras reiterados incumplimientos. Desde entonces, se sucedieron audiencias en el Ministerio de Trabajo y la Secretaría Nacional, sin avances concretos. Mientras tanto, los empleados sostienen la medida de fuerza y denuncian el deterioro acelerado de sus condiciones de vida: problemas de salud no atendidos, hijos que abandonan estudios y familias sin ingresos estables.
La empresa, que llegó a procesar más de un millón de litros de leche por día en pandemia, hoy no supera los 200.000 litros diarios. A ello se suma una fuerte reducción de personal, el rebote de cheques a productores y la falta de transparencia contable, ya que dejó de presentar balances públicos.
Los trabajadores también reclaman a los organismos estatales un mayor control sobre los balances de las empresas y políticas públicas que protejan el empleo industrial frente al impacto de las importaciones. Aseguran que lo que está en juego no es sólo su sustento, sino el tejido productivo de toda la región.
“Estamos frente a una situación desesperante que requiere respuestas inmediatas y comprometidas”, concluyen los trabajadores. Y recuerdan: “El Estado ya intervino en situaciones similares años atrás. Hoy debe hacerlo de nuevo”.
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