Con apoyo dialoguista, el oficialismo logró dictamen para bajar la edad de imputabilidad a 14 años
En un plenario de comisiones, La Libertad Avanza y sus aliados acordaron modificar la reforma del Régimen Penal Juvenil. El oficialismo decidió aceptar los cambios al proyecto presentado por el Ejecutivo para conseguir adhesiones. Unión por la Patria y la izquierda ratificaron su rechazo.
Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados dictaminó este martes los proyectos de ley que proponen reducir la edad de imputabilidad. Tras las negociaciones entre el oficialismo y los bloques aliados, se logró un consenso para bajar de 16 a 14 años la edad mínima para que los menores sean juzgados.
La reunión conjunta de las comisiones Legislación Penal, Familias, Justicia y Presupuesto y Hacienda tuvo lugar en el Anexo C de la Cámara baja. El encuentro se dio luego de tres suspensiones. La primera tendría que haberse dado el pasado 8 de abril, pero ese día la oposición logró quórum para debatir el caso $LIBRA y tuvieron que reprogramar la reunión de comisión para el 23 de abril. Para esa fecha, se suspendieron todas las actividades parlamentarias debido al fallecimiento del Papa Francisco. Por último, el 30 de abril, decidieron postergar por temor a no alcanzar el quórum en la previa del feriado del 1 de mayo.
El despacho final que el plenario pasó a la firma con 77 adhesiones se consensuó entre los proyectos del Poder Ejecutivo Nacional, el del diputado del massismo Ramiro Gutiérrez; los del PRO de Cristian Ritondo y Diego Santilli; de Gerardo Huesen de La Libertad Avanza; de Juan Manuel López de la Coalición Cívica; de Carla Carrizo de Democracia para Siempre; y la sanjuanina Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo.
En el proyecto presentado por el Ejecutivo el año pasado se proponía bajar de 16 a 13 años la edad de imputabilidad. Sin embargo, tras las negociaciones con los bloques aliados, se llegó a un acuerdo para que la edad mínima para que los menores sean juzgados pase a 14 años.
Cabe recordar que en la apertura de sesiones ordinarias el pasado 1 de marzo, el presidente Javier Milei exigió al Congreso aprobar la ley de la baja de edad de imputabilidad “para que quienes son lo suficientemente conscientes para cometer crímenes de adultos, paguen las consecuencias de sus actos como adultos”.
Durante la reunión, la presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, Roxana Reyes, destacó que “esta era una asignatura pendiente» del Congreso. «Debo destacar el trabajo plenario de cuatro comisiones donde se escuchó a la sociedad civil, a la Iglesia, a especialistas y académicos, todas voces muy valiosas para crear convicción de hacia dónde teníamos que caminar en este tema, que es un flagelo que nos atraviesa y al cual debemos darle respuesta”, expresó la legisladora de la UCR.
“Este Régimen Penal Juvenil tiene fundamentalmente una función resocializadora, educativa, de contención. Tenemos que llegar a tiempo para que aquellos jóvenes y adolescentes que entraron en conflicto con la ley penal puedan tener esa oportunidad de la resocialización. Las penas alternativas, las medidas alternativas que prevé, la figura del acompañante que va a tener en todo momento el joven que entró en conflicto con la ley penal, son más que indicativos de que fuimos caminando en ese sentido”, agregó.
Desde el mismo espacio, la diputada Soledad Carrizo recordó que en pocos meses la ley 22.278 del régimen penal de la minoridad cumplirá 45 años de vigencia. “Una ley sancionada en la dictadura, que sigue recibiendo continuas declaraciones de inconstitucionalidad, y el reproche de especialistas, académicos, y organizaciones internacionales que reclaman su derogación. Hace 9 meses comenzamos a trabajar sobre el proyecto de ley del Ejecutivo que propone un nuevo régimen penal para las personas adolescentes”, expresó la cordobesa.
“Hemos trabajado intensamente para lograr una versión superadora, y con acuerdos políticos. Logramos un proyecto que no desprotege ni a victimas, ni a los menores en conflicto con la ley penal. Una propuesta que recepta necesidades y paradigmas actuales. Hoy buscamos dejar de lado la persecución penal como única finalidad, y generar una herramienta que impulse la educación, resocialización e integración social de los menores y adolescentes”, agregó Carrizo.
Por su parte, el titular del bloque del PRO, Cristian Ritondo, celebró el dictamen para bajar la edad de imputabilidad a 14 años, que vienen impulsando desde su espacio desde hace tiempo. “Estudiamos el tema con seriedad, presentamos nuestro proyecto y hoy dimos un paso más para que pueda ser tratado en sesión”, señaló Ritondo y agregó: “El que comete un delito debe pagar las consecuencias ante la justicia para que no haya más impunidad”.
Sin embargo, desde el bloque de Democracia para Siempre criticaron el dictamen, a pesar del acompañamiento. En ese marco, el formoseño Fernando Carbajal, expresó: «Este dictamen rechaza ese eslogan mentiroso y despreciable de que al delito de adulto le corresponde pena de adulto. Esta frase lamentable repetida por los operadores del Gobierno y que el señor Jefe de Gabinete trajo a este recinto está repudiado y rechazado en el dictamen que existe. Porque el régimen de pena establecido no contempla esa barbaridad que quiere instalar el Gobierno”.
Otra de las cuestiones por las que tuvo que ceder el oficialismo con el proyecto que había bajado el Ejecutivo es por el máximo de pena que puede recibir un menor de edad. Mientras La Libertad Avanza planteaba un máximo de 20 años, finalmente se acordó reducir ese número a 15 años. En todos los proyectos quedaba “prohibida la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua”.
Mientras tanto, desde Unión por la Patria, mayoritariamente desde el sector kirchnerista, buscan sostener la edad de imputabilidad mínima en 16 años y buscan intentar frenar el dictamen. Sin embargo, dentro de los 14 proyectos presentados, hay uno del diputado massista Ramiro Gutiérrez, que también fijo en 14 la edad mínima para juzgar a los menores.
«¿Cómo hacemos para garantizar los recursos para que las provincias puedan hacer concreta esta ley?», cuestionó el jefe del bloque Germán Martínez, quien pidió postergar el debate porque considera que quedaban temas para ahondar. Previamente, el espacio opositor había dicho que avanzarían con un dictamen propio para modificar el Régimen Penal Juvenil, pero que no reduce la edad de imputabilidad.
«Hay más de 3000 adultos en comisarías por tiempo prolongado por fuera del servicio penal. Este Estado, de Bullrich, no construye cárceles para adultos y nos quieren hacer creer que van a crear dispositivos especializados socioeducativos. Nada de eso», señaló por su parte Victoria Tolosa Paz y agregó: «Un pibe que sale de chumbo a los 8 años no elige ser delincuente. No fuimos capaces desde la política de poder brindarle un escenario diferente. Nadie elige portar un arma a los 6 años, nadie elige ser cagado a palos, ser violado, no tener una familia, no tener un plato de comida, una escuela cerca o un jardín de infantes. Necesitamos más Estado para los pibes y cárcel para el narcotráfico, los evasores, los que matan, violan y asesinan a nuestros pibes y sus familias»
Los reclamos de la iglesia
Mientras avanza el debate legislativo, la Iglesia Católica Argentina criticó la intensión del gobierno de bajar la edad de imputabilidad. El monseñor Dante Braida, obispo de La Rioja y presidente de la Comisión Pastoral Social, señaló que «poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz».
«Creemos que es una realidad que hay que abordarla de una manera amplia, multisectorial, para ir a las causas de por qué una persona tan pequeña en edad podría llegar a estas instancias de delitos tan graves», explicó Braida en diálogo con Infobae y agrego: «No creemos que la solución sea lo penal, sino más bien ofrecer instancias de recuperación y de prevención».
El monseñor también puso el foco en las deficiencias estructurales del sistema penal juvenil, una crítica que comparten incluso algunos legisladores de la oposición dialoguista. «Lo que necesitan estos chicos es oportunidades. Nuestros regímenes penitenciarios están abarrotados y muchas veces en las cárceles se potencian las problemáticas», sostuvo el obispo y remató: «Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz».
FUENTE: DATACLAVE
