El crecimiento del patrimonio de Milei en el ojo de la causa LIBRA
El fiscal federal evalúa el status patrimonial del presidente, su hermana y tres empresarios vinculados a la causa por la criptomoneda. Para ello, solicitó colaboración a una Secretaría especializada en delitos financieros. Mientras tanto, la jueza de San Isidro también mueve fichas en el caso y busca quedarse con la causa.
El fiscal federal Eduardo Taiano, quien tiene delegada la causa por orden de la jueza María Servini, pidió asistencia a la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI). El objetivo es elaborar un análisis sobre la evolución patrimonial de Javier Milei, su hermana Karina y los empresarios Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales, todos involucrados en la trama judicial de la criptoestafa $LIBRA. La solicitud abarca desde 2023 hasta la actualidad.
Mientras tanto, el conflicto de competencia entre Servini y su par de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, sigue abierto. Arroyo Salgado busca quedarse con el expediente al considerar que el Presidente promocionó la criptomoneda desde la Quinta de Olivos, lo que la habilitaría a tomar el caso. La magistrada ordenó nuevas medidas de prueba, incluyendo informes sobre la trazabilidad de las transacciones vinculadas a $LIBRA tras el posteo de Milei en la red social X el pasado 14 de febrero.
Además, Arroyo Salgado solicitó a la Casa Militar que confirme si el jefe de Estado estuvo en la Residencia Presidencial el 17 de febrero, fecha en la que, según el querellante Martín Romeo, Milei habría vuelto a impulsar el valor del token con otro reposteo. Para verificarlo, pidió a la empresa X que detalle el contenido exacto del mensaje, la hora, la IP desde donde se realizó y si fue eliminado posteriormente.
Otra de las medidas dispuestas es el rastreo en tiempo real de las billeteras digitales vinculadas a la creación de $LIBRA. Arroyo Salgado encomendó a la División Delitos Tecnológicos que identifique los destinatarios de los fondos obtenidos con el token y determine si hubo información privilegiada en las operaciones.
El conflicto de competencia escaló a la Cámara Federal de San Martín. Por su parte, el fiscal de San Isidro, Federico Iuspa, apeló la decisión de Arroyo Salgado, sosteniendo que la causa debe tramitarse en los tribunales federales de Retiro, donde se presentaron las denuncias originales.
Mientras la puja judicial sigue, la investigación avanza por distintos frentes. La jueza de San Isidro ordenó el seguimiento de los movimientos financieros de los creadores de la criptomoneda desde su lanzamiento hasta la fecha. También dispuso monitorear en tiempo real las cuentas principales del equipo detrás de $LIBRA y las billeteras que podrían haber operado con ventaja.
La causa por la promoción y comercialización de la criptomoneda involucra a actores políticos y empresarios, con un foco especial en el rol del Presidente. En paralelo, los tribunales deben definir quién se quedará con la investigación, mientras siguen surgiendo pruebas sobre el impacto de los posteos de Milei en la cotización del activo digital.
DATACLAVE.-
