Interna el PJ: Ricardo Quintela va a la Justicia para denunciar «robo de avales»
Luego de que la Junta Electoral del PJ no oficializara la lista que presentó Ricardo Quintela para competir contra Cristina Fernández de Kirchner el próximo 17 de noviembre por la conducción del partido, el gobernador de La Rioja se presentará a la Justicia para denunciar el robo de los avales que presentó.
El lunes radicará la denuncia, algo que había anticipado Jorge Yoma, uno de los apoderados de la lista.
La denuncia será por “robo de avales” y por “no resguardar la documentación de la lista». “Se judicializa la interna”, afirmó a este medio una fuente que trabaja con Quintela.
El viernes, sobre el cierre de la oficialización de listas, la Junta Electoral determinó que al riojano «le faltan 13.916 avales» y le dio un plazo de 24 horas para regularizar la situación. No obstante, el sábado por la mañana, a través de un escrito firmado por sus apoderados, el gobernador negó que la documentación que acompaña la presentación de la lista «Federales: un grito de corazón» esté viciada de irregularidades de forma o de fondo y le reclamó a la Junta Electoral del partido que oficialice la nómina con la que aspira a disputar las elecciones internas.
El riojano cuestionó a la Junta Electoral del partido: usó «argumentos totalmente incorrectos y fuera de término». Su entorno denuncia «proscripción».
El espacio que lidera el gobernador de La Rioja para las elecciones internas del PJ rechazó la decisión de la Junta Electoral del partido respecto de no oficializar la lista que encabeza el mandatario provincial y consideró que estuvo basada en «argumentos totalmente incorrectos y fuera de término«.
«Rechazamos la decisión de la Junta Electoral del partido sobre la no oficialización de nuestra lista ‘Federales’, basada en argumentos totalmente incorrectos y fuera de término», manifestó la facción que comanda el riojano a través de un mensaje publicado en la cuenta oficial de la nómina «Federales, un grito de corazón», y exigió que «se garantice el correcto cumplimiento del proceso, en el que primen la transparencia y el derecho democrático».
