«Yo soy juez, tengo mucho más poder que vos»
Piden que Gustavo Hornos sea investigado en Comodoro Py por violencia de género. La expareja del camarista lo acusó por abuso, amenazas y maltrato físico y psicológico. Al magistrado se le prohibió cualquier tipo de contacto con la mujer por 90 días. Los antecedentes.
Un juez y un fiscal del fuero penal ordinario pidieron que el camarista de Casación Gustavo Hornos sea investigado en los tribunales de Comodoro Py a raíz de la denuncia por violencia de género que hizo en su contra una expareja, quien no sólo refirió presuntas situaciones de abuso, maltrato físico y psicológico sino posibles amenazas y acciones basadas en el poder que le otorga su cargo. La mujer se había presentado en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema, lo que motivó que Hornos fuera intimado para cesar con los actos de perturbación e intimidación dirigidos a la víctima y se le impuso una prohibición de acercamiento por noventa días a un radio inferior a 200 metros, lo que incluye la suspensión de todo tipo de contacto con ella.
La denuncia penal no fue promovida por la mujer quien, precisamente, habría manifestado su temor de hacerlo por las amenazas que le atribuye a Hornos. «Yo soy juez, tengo mucho más poder que vos», es una frase adjudicada al camarista que reproduce, para ilustrar, la resolución del juez Alfredo Godoy, quien toma los argumentos del fiscal Adrián Peres. El texto, al que accedió Página/12, señala «el aprovechamiento por parte del imputado, de su calidad de Magistrado de la Nación, tanto para posicionarse en una situación de superioridad respecto de ella en el contexto de las amenazas que le habría proferido, como del acceso a las herramientas del estado y la utilización en su favor personal, en tanto habría presuntamente enviado a personal de operaciones de inteligencia a vigilar y amenazar a la denunciante; todo lo cual le habría otorgado un mayor poder vulnerante a sus alocuciones».
La fiscalía había señalado que las acciones por las que se acusa al juez «no son exclusivamente de la esfera de la vida privada del Magistrado, sino que comprometerían su desempeño como funcionario de la Cámara Federal de Casación Penal, por lo que se podría haber visto entorpecido el legítimo ejercicio de sus funciones, afectado el buen funcionamiento de un servicio federal y causado un detrimento en el patrimonio de la Nación». Esto último aludía al posible uso de servicios de inteligencia para «resolver asuntos de orden doméstico de un magistrado, por lo que la competencia del fuero de excepción resulta indiscutible». Esto habría ocurrido entre el 18 y el 24 de agosto últimos. Cierto emisario le habría advertido a la víctima que no fuera a la OVD, que sería filmada y tendría problemas.
En los tribunales de Retiro la denuncia le tocó por sorteo al juez Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal Guillermo Marijuán. El caso está planteado como infracción a la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. El juez Godoy y el fiscal Peres interpretaron que puede haber delitos de acción pública y un interés público implicado también tratándose de un juez. La Cámara de Casación Penal Federal, que integra desde 1995, es el máximo tribunal penal del país. Hornos es uno de los jueces que visitaban a Mauricio Macri durante su presidencia mientras el tribunal que integra tramitaba casos de interés de ese gobierno.
El camarista había tenido una denuncia también por violencia, por quien era su cónyuge en 1987, quien describió una golpiza, pero terminó sobreseído de manera expeditiva por el juez Remigio González Moreno. Por este tema fue «escrachado» por juezas en un encuentro virtual el 8 de marzo de 2021. Pero, además, Hornos no quiso promover denuncia contra su colega Juan Carlos Gemingani quien había dicho «feliz día delincuentes» a sus colegas de la Casación el día de la Mujer. Gemigani, además, tenía un expediente en el Consejo de la Magistratura por meter presa a una secretaria dos horas por no cumplir una orden. Solo fue sancionado con el descuento de una parte del sueldo por aquellas cuestiones.
La reciente denuncia de la que sería la última pareja de Hornos –con quien habría mantenido un vínculo amoroso desde 2015, aunque no convivían– incluye la descripción de seis hechos, algunos de ellos de los últimos meses. Abarcan descripciones de abuso sexual, posibles lesiones, amenazas, el mensaje a través de una tercera persana, la exhibición de un arma, y frases para evitar que le iniciara una causa como: “yo hago lo que quieras pero retírame la denuncia»; «soy Juez, soy más grande, tengo más recursos que vos”; “ tu voz está grabada en Casación Penal”. Le habría dicho que ella no cuenta con garantías para nada pero, en cuanto a él: “siempre tengo un ministro de la Corte que es amigo mío que me salva».
Como juez de Casación, Hornos tiene a cargo causas de alto impacto político. Debería resolver el caso Vialidad, contra Cristina Fernández de Kirchner, junto con Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Días atrás rechazó la recusación de Alberto Fernández contra el juez Julián Ercolini en la causa sobre la contratación de seguros durante su presidencia, de la que se desprendió al de violencia de género de Fabiola Yáñez. El eje, de todos modos, aquí, es que Hornos es el denunciado gravemente y habrá que ver qué hacen sus colegas. Hubo esta semana, cuando se conocieron las medidas de restricción de acercamiento de la jueza civil Paula Marinkovic, una reunión de superintendencia en Casación. Todo hacía suponer que el tema sería mencionado, pero nadie dijo nada. Hornos estaba presente. Estaba el titular del cuerpo, Borinsky, Gemignani, Daniel Petrone y Ángela Ledesma en forma remota. Ahora todo se pone más complejo con la denuncia en Comodoro Py.
El juez Godoy fue categórico en el poder de Hornos como juez y el peso de los hechos denunciados: «los hechos relatados conforman un mismo conflicto enmarcado en violencia de género, lo que impone su estudio y juzgamiento de manera conjunta, aun cuando algunos de ellos si se los analizara individualmente podrían resultar de competencia ordinaria, lo cierto es que su fragmentación obstaculizaría la eficacia de la investigación y podría implicar una revictimización de la damnificada al declarar y someterse en reiteradas oportunidades ante distintos tribunales cuando los hechos se encuentra enmarcados en un mismo contexto. Ello con el fin de cumplir, con determinación y eficacia, el deber del Estado de investigar, sancionar, reparar y prevenir la violencia de género contra las mujeres, así como a fin de procurar un adecuado acceso a la justicia por parte de las víctimas».
Fuente: pagina12.-
