Es argentino, planeaba autodeportarse de EE.UU. y ahora está detenido en la prisión «Alligator Alcatraz»

Fernando Artese, un argentino de 63 años que vivió en Estados Unidos de forma ilegal durante 10 años, se encuentra detenido desde el 3 de julio en “Alligator Alcatraz”. Las condiciones en las que transcurre su detención en aquella polémica cárcel en los Everglades, hasta que se resuelva su situación migratoria, son de extrema marginalidad y vulnerabilidad, según denunció a los medios su esposa, Mónica Riveira, también argentina. La familia busca que el caso tome notoriedad pública y que se aceleren los procesos para el traslado del hombre a otro centro de detención donde, por lo menos, se garantice el derecho a recibir visitas.

Según describió Riveira a CNN en Español, su marido, tras la asunción presidencial de Donald Trump en enero pasado, y con la amenaza de realizar deportaciones masivas, había decidido «autodeportarse«. Había planeado viajar en motorhome o casa rodante hacia el sur del continente, acompañado por su esposa y su hija, Carla, nacida en España. 

A diferencia de él, ellas cuentan con una visa de estudios que les permite permanecer con una residencia legal. De todos modos, iban a salir los tres juntos de Estados Unidos. El hombre incluso tenía pensado grabar sus «aventuras« y publicar los registros en un canal de Youtube, «Argentinomades«. Sin embargo, la policía norteamericana lo frenó en la zona floridiana de Jupiter Beach y, al no contar con el registro de conducir al día, saltó la alarma: estatus inmigratorio ilegal.

Cómo llegó Artese a Estados Unidos

Su interés por emigrar empezó en 2001, con las crisis económicas y sociales que perpetuaron los gobiernos liberales de Carlos Saúl Menem y Fernando de la Rúa. Presionado por el «corralito» y la falta de oportunidades reales a futuro, Artese y su esposa dejaron la Argentina con su esposa. Con la ciudadanía italiana en trámite, el país elegido para radicarse fue España, y la ciudad, Madrid. Se establecieron ahí durante 10 años, donde tuvieron a su hija. Más tarde se mudaron a las islas Canarias.

Después de la crisis internacional del 2008, el matrimonio se replanteó el rumbo, y Artese viajó cinco años más tarde a Estados Unidos. Su cuñado lo bancó con un emprendimiento de cámaras de seguridad y alarmas. Sin embargo, sólo contaba con un plazo legal de 90 días para asentarse, lo máximo que le permite el visado obtenido a través del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA) —un permiso especial para ciudadanos de ciertos países, como Italia, del que también es ciudadano—. «Entró a Estados Unidos a través de ese programa el 8 de febrero de 2015, y se le autorizó a permanecer en el país hasta el 7 de mayo de 2015”, precisó su esposa. Ellas se mudaron recién en 2018 con un visado estudiantil que les permitía la residencia.

Cuando se venció el plazo inicial de 90 días, el estatus inmigratorio de Artese pasó a la ilegalidad. “Fernando accionó sin pensar, sin saber que con la visa ESTA luego no iba a poder cambiar su estatus migratorio”, se justificó Riveira.

El momento de la detención

Mónica contó al medio internacional que la decisión de salir de Estados Unidos estuvo motivada por la situación de su esposo y las contundentes medidas de deportación de inmigrantes ilegales de Trump. «Fue duro, porque llevamos muchos años (en EE.UU), y se habían logrado muchas cosas”, lamentó. 

“Veíamos que la proyección para la familia era mala y, cuando asumió (la Presidencia) Donald Trump, confirmamos que era el momento justo para hacerlo”, ratificó.

Relató el momento de la detención y los sucesos posteriores como si se tratara de una novela de terror. En rigor, contó que el 25 de junio pasado estaban en viaje hacia el límite fronterizo del sur, cuando detuvieron a Artese en «Jupiter Beach». El problema fue que se perdieron cuando intentaron pasar por la playa para ‘despedirse’: los interceptaron dos patrulleros. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) encontró que Artese se quedó 10 años más del tiempo permitido por su visa.  

La mujer especuló que los policías sospechaban que no eran originarios del país. “Están buscando gente que puedan ser trabajadores y que asocian que pueden ser latinos. Están rastreando a la gente”, consignó. 

“Mi hija vio por los espejos cómo se lo llevaban esposado, fue una película de terror”, recuerda. En un primer momento, Artese quedó detenido en el condado de Martin, pero, al tratarse de un inmigrante indocumentado, fue trasladado a “Alligator Alcatraz”.

Cómo es el centro de detención migratorio de Florida

Son varios los organismos que vienen denunciando las condiciones de insalubridad y marginalidad en la que son apresados los inmigrantes ilegales detenidos en el nuevo centro de detención de Florida. Conocido como el «Alcatraz de los Caimanes» (Alcatraz Alligator) , fue construido en tiempo récord, en apenas unos días, sobre una pista aérea remota y abandonada en medio del humedal de los Everglades, donde habitan caimanes y pitones, entre otras especies de fauna y flora protegidas.

Su inauguración oficial fue el 1 de julio, y ya acumula varias denuncias por torturas y maltrato. Inclusive, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, pidió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que se investigue la muerte de cinco migrantes en ese lugar.

En un reciente informe de Human Rights Watch, se denunció que “los detenidos en los centros de detención migratoria de Florida están sometidos a condiciones inhumanas, como la negación de atención médica, el hacinamiento y tratos degradantes”.

Según describió la mujer de Artese a la CNN, su esposo comparte «una jaula» con otras 32 personas, en un especie de galpón gigante y húmedo, «sin posibilidad de salir a la luz del Sol en ningún momento del día».

Los reclusos apenas se pueden comunicar por teléfono con sus seres queridos. La comida diaria es mínima —una manzana, una barrita de cereal, una bolsita de papas fritas, y un sanguche con una sola rodaja de mortadela y otra de queso—. “No hay acceso libre al comedor ni posibilidad de elegir cuándo comer”, agregó. En ese sentido, Artese le contó que hay días en los que no puede dormir del hambre.

El momento de bañarse es igual de angustiante, según la mujer. “A veces los despiertan a las dos de la mañana para bañarse, con agua que puede estar hirviendo y, al volver, el aire acondicionado está al máximo”, describió. Además, precisó, las enfermedades virales se contagian sin freno. “Muchos, como Fernando, ya presentan síntomas como dolor de garganta. La presencia de personas con covid sin ningún tipo de aislamiento agrava aún más las condiciones de salud dentro del lugar”, explicó.

El trato hacia los detenidos es marginal y humillante por igual, como si todos fuesen «criminales peligrosos«, expresó la argentina. «Para salir de su celda, deben caminar con las manos en la nuca», ejemplificó.

«Lo más doloroso es que muchos de los que están allí no cometieron ningún delito. Son trabajadores que emigraron para darles un mejor futuro a sus familias. En el caso de Fernando, montó una empresa, prosperó y aportó al país. Sin embargo, hoy está encerrado como si fuera lo peor de lo peor«, se lamentó. Y agregó: «Lo que falta es un camino legal y digno porque lo que más duele es la deshumanización”.

Pero las autoridades de Estados Unidos ratifican el novedoso sistema de detención y niegan las condiciones de insalubridad y marginalidad que denuncian los organismos. A comienzos de este mes, el departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) publicó en sus redes sociales un comunicado: “ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) tiene estándares de detención más altos que la mayoría de las prisiones. A todos los detenidos se les proporciona alimentación adecuada, tratamiento médico y tienen la oportunidad de comunicarse con abogados y sus familiares”. En sintonía con esta posición, varios funcionarios de Florida y legisladores republicanos que visitaron las instalaciones rechazaron los informes sobre las supuestas malas condiciones.

La familia Artese mantiene un hilo esperanza. Según les informaron, el argentino podría ser trasladado a otro centro de detención, pero todavía no saben a cuál. No obstante, les garantizaron que ahí sí tendría derecho a recibir visitas. “No se puede negar el acceso a un abogado, ni el derecho a saber de qué te acusan o cómo será tu proceso, no se puede poner a todos en la misma bolsa», criticó. 

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