YPF: los buitres dicen que no quieren las acciones, pero sí el dinero
Los beneficiarios del fallo de Preska dijeron a la Cámara que no planean retener las acciones porque no desean administrar una petrolera. Pidieron que sean una «garantía financiera» mientras se tramita la apelación, lo que abre la posibilidad de ejecutar la sentencia y buscar activos argentinos en el exterior. El gobierno de Trump se presentó en respaldo a la postura argentina.
Los fondos buitre beneficiarios del fallo contra la expropiación de YPF informaron a la Corte de Apelaciones de Nueva York que no desean quedarse con las acciones de la petrolera en caso de obtenerlas como parte del cobro, aunque reclaman que Argentina deposite una garantía para tramitar la apelación. Esta presentación coincidió con la decisión del gobierno de Estados Unidos de presentarse como “amicus curiae” de la Argentina en el litigio.
Esta madrugada se conoció que los beneficiarios de la sentencia de la jueza Loretta Preska que obliga a la Argentina a pagar US$16.000 millones con acciones de la petrolera, presentaron un escrito donde indicaron que buscarán la forma de devolverlas porque no tienen intención de administrar la compañía.
En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska falló en contra de Argentina por la expropiación de YPF en 2012 y determinó que el Estado debía pagar US$16.000 millones por no haber realizado una oferta pública de adquisición a los accionistas minoritarios.
El fallo ordenaba que la Argentina entregue el 51 por ciento de los títulos de la petrolera estatal a los fondos buitre para saldar ese pago. Argentina
apeló y el caso está en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.
Los representantes de los buitres expresaron que no aceptarán una apelación sin garantía porque argumentan que si Argentina pierde la apelación sin haber dejado una garantía suficiente, será difícil ejecutar el fallo.
La Corte de Apelaciones debe resolver si la Argentina puede continuar con la apelación sin garantía. Si no lo autoriza, quedará abierta la posibilidad de iniciar la ejecución del fallo y buscar activos argentinos en el exterior.
El amicus estadounidense
El gobierno de Estados Unidos concretó este viernes su presentación como amicus curiae (amigo del tribunal) ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York contra la sentencia de la jueza Loretta Preska.
La decisión de la administración Trump sigue la línea de lo que ya había sucedido durante la presidencia del demócrata Joe Biden y afirma que el fallo de Preska viola los derechos soberanos de una nación.
En su escrito de 12 páginas, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos apunta a que la pausa en la orden para entregar las acciones se extienda durante todo el tiempo que dure el proceso de apelación.
Señala en ese sentido la aplicación de los principios de inmunidad soberana extranjera bajo la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera de 1976 (“FSIA”) y el derecho consuetudinario federal.
El documento explica que la inmunidad soberana extranjera históricamente protegía la propiedad de estados extranjeros de la ejecución. La FSIA creó excepciones limitadas para “propiedad en los Estados Unidos de un estado extranjero”, pero no eliminó la inmunidad para la propiedad extranjera ubicada fuera de Estados Unidos.
“Una interpretación contraria resultaría en que la propiedad extranjera en su propio territorio tendría menos protección que la propiedad en Estados Unidos”, remarcó el documento.
Asimismo, argumenta que los factores de equidad favorecen a Argentina para una suspensión. Plantea que “si Argentina cumple con la orden y transfiere las acciones de YPF, podría perder la capacidad de recuperarlas, incluso si gana la apelación. Exigir una fianza podría exponer activos de Argentina en Estados Unidos a intentos de embargo”.
A su vez considera que “una suspensión no dañará al demandante, quien experimentará un retraso. Argentina mantiene sus acciones en YPF y no puede venderlas sin autorización legislativa”.
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