Un plan para perseguir al que piensa distinto

Un informe realizado por integrantes de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia señala inconsistencias y peligros del Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y precipitará la citación al titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Sergio Neiffert. Será para que dé explicaciones sobre el texto de 170 páginas, que tiene como característica la utilización de términos genéricos, vagos y ambiguos que habilitan la utilización de la estructura para hacer tareas de espionaje interno sobre cualquiera que exponga ideas distintas a las del gobierno de Javier Milei.

La Bicameral se reunirá, todo indica, la semana que viene o la otra. El plan cuestionado, que sienta las bases de la política de inteligencia del Gobierno, habla –por ejemplo– de “actores”, “hechos” o “circunstancias” que “erosionen la confianza en el sistema financiero”, “la confianza de la sociedad sobre los responsables de la seguridad de la Nación”, que generen “impacto negativo” en las “políticas económicas”, que promuevan “procesos cognitivos tendientes a manipular la percepción de los integrantes de la sociedad”, “que desarrollen acciones de manipulación en la opinión pública para influir en los procesos electorales”, “que promuevan relatos con potencialidad de desestabilización institucional”.

¿Qué o quién puede entrar en la definición de “actor”, “hechos” o “circunstancias”? Como está planteado, cualquiera: periodistas, científicos, economistas, investigadores, manifestantes, organizaciones sociales, opositores políticos. La lista es infinita. Pero hasta se podría incluir al ecosistema troll del gobierno en ciertas categorías.

Una directiva secreta de enero, que es parte de la aplicación del PIN y estaría firmada por Diego Kravetz, cuyo contenido fue publicado por el periodista Hugo Alconada Mon,vendría a ratificar el propósito de hacer inteligencia interna por razones que están prohibidas por la ley. Ordenaría “identificar y monitorear” a “grupos sociales vulnerables” y cualquier “actor no estatal” que pueda aprovechar la “creciente polarización política para expandir su influencia” y sería para evaluar el “impacto de sus acciones en la estructura política e institucional de la Nación”. Habla, a la vez, de “actores estatales extranjeros” que puedan implementar “tácticas” para “influir en el desarrollo político” de la Argentina y menciona posibles ”ciberataques, operaciones de desinformación y financiamiento a actores políticos” locales.

La ley de inteligencia prohíbe “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.

El PIN fue entregado a la Bicameral, que preside el senador radical Martín Lousteau, a fines de octubre de 2024 e, incluso, se hizo una reunión en la SIDE con la comisión. Un grupo de legisladores opositores analizó el documento e hizo varios señalamientos. La ley dice en su artículo 33 que “en lo concerniente a las actividades de inteligencia, el control parlamentario abarcará: 1) la consideración, análisis y evaluación de la ejecución del Plan de Inteligencia Nacional”. Algunas preguntas se le hicieron llegar al Gobierno, según reconstruyó este diario, pero nunca se trató el tema a fondo. Esta semana, después de una primera publicación periodística en La Nación con los lineamientos del plan, se armó alboroto en la comisión y tendrá una reunión pronto con este tema en el centro de la agenda. En noviembre del año pasado La Política Online había revelado claves del PIN y cómo abre la puerta a todo tipo de persecución.

La Oficina del Presidente publicó el domingo un comunicado que dice que “desmiente versiones periodísticas publicadas en los medios sobre los supuestos objetivos del plan de Inteligencia Nacional” y dice que el documento es reservado. En el Gobierno acusan por la filtración a la Bicameral, pero allí señalan hacia el corazón de la Casa Rosada y la interna libertaria, e incluso una pelea dentro de la propia central de inteligencia.

Temario

Página/12 pudo corroborar los lineamientos que aparecen en el PIN, que aborda distintas “dimensiones” respecto de las cuales traza objetivos: “económico”, “sanitario”, “social”, “ambiental”. Además, tiene un punto llamativo, donde se refiere a la meta de identificar, reunir y analizar información respecto de “situaciones, actores, hechos o circunstancias que impidan, limiten o condicionen el relacionamiento estratégico con EEUU”. Luego repite lo mismo respecto de Israel, pero no se menciona a ningún otro país. El interés geopolítico está focalizado en el vínculo con esos dos países.

El informe crítico que se planteó en la Bicameral remarca el uso de términos difusos como compuerta hacia una caza de brujas. También explica que el Gobierno no ha establecido una “doctrina” de inteligencia tras la derogación de la que regía en 2015. Esta debería precisar a qué aluden ciertos términos utilizados, qué tipo de operativos se realizan, objetivos claros y modalidad. Solo aparecen algunas metas generales que utilizaron otros gobiernos anteriores, como la prevención del terrorismo y el crimen organizado y velar por los intereses argentinos en el Atlántico Sur y el sector antártico. Pero tal como quedó el PIN, hay definiciones cruciales sujetas a libre interpretación.

Existe, además, una Dirección General de Planificación que se fija el objetivo de”coordinar, articular y concretar la relación de la jurisdicción (la Side) con los organismos de la administración pública, nacional, provincial y municipal, personas físicas y jurídicas privadas y la comunidad ampliada (sic)”. Aquí hay dos cuestiones problemáticas según el informe opositor: es decir, el PIN sostiene que hay fuerzas locales que hacen inteligencia en todo el país, y eso no está permitido. Tampoco se entiende qué es la “comunidad ampliada”. Otra vez, puede ser lo que quiera quien interprete.

En la Bicameral ya se había cuestionado, aunque también deberá ser discutida, la estructura que creó el gobierno para la SIDE. Los legisladores señalan que se crearon 243 cargos y áreas de las cuales solo 28 apuntan a la recolección de información y detección de amenazas. Son estructuras que están más relacionadas con seguridad y defensa –temas ajenos a la SIDE– analizan los especialistas en el Congreso.

Dimensión económica

¿Qué habría que identificar desde el sistema de inteligencia en el plano económico según el PIN libertario? Dice: “Actores estratégicos, hechos o circunstancias que procuren erosionar la confianza en el sistema financiero y la solvencia de las instituciones bancarias de la nación”. Alude a los que “se orienten a generar pérdida de confianza en las políticas económicas de la Nación”; suma los que buscan “generar impacto negativo en las inversiones y el crecimiento económico de la nación”. Menciona “actores” o “hechos” que “erosionen la reputación, prestigio, imagen y legitimidad de las empresas asentadas en el territorio nacional con impacto en la imagen del país”.

Dimensión política y social

Algunas descripciones en el plano de la “política” son curiosas. Se proponen detectar: “actores que busquen erosionar la conciencia situacional de los estamentos gubernamentales”, “induciendo a adoptar decisiones contrarias al interés nacional”. ¿Investigan los vínculos de los funcionarios?, ¿Instituciones, organizaciones, empresas? Es un enigma. Buena parte de las decisiones de gobierno, de hecho, podrían interpretarse como contrarias al interés nacional.

Agregan a “actores estratégicos que desarrollen acciones de manipulación en la opinión pública para influir en los procesos electorales desarrollados en el territorio nacional”. Lo extraño es que, con ese criterio, deberían estar en el foco de las tareas de inteligencia, por ejemplo, las cuentas de “X” ligadas al Gobierno que difundieron el video trucho hecho con Inteligencia Artificial en la previa de las elecciones porteñas donde aparecía Mauricio Macri diciendo que bajaba la candidatura de Silvia Lospennato.

Otro objetivo: “Actores generadores de procesos cognitivos tendientes a manipular la percepción de los integrantes de la sociedad para modelar y debilitar su capacidad de resiliencia frente a inducciones contrarias al interés nacional”. A primera vista, la frase trae a la memoria la promesa incomprensible de Patricia Bullrich en campaña donde hablaba de poner el foco en “el ser humano” desde una “filosofía muy interesante”. Pero analizado en profundidad, de ese objetivo del PIN podría inferirse que la ciudadanía debería adaptarse a soportar cualquier adversidad en pos de un supuesto interés nacional (los jubilados a no tener medicamentos ni alimento, los enfermos oncológicos a no tener tratamientos, los docentes o cualquier laburante a no tener sueldos dignos, y los ejemplos son interminables).

Esto va de la mano de otra afirmación que busca la detección de “situaciones, actores, hechos o circunstancias que promuevan relatos con potencialidad de desestabilización institucional”. Se sabe que para el Gobierno cualquier protesta social, en lugar de ser un derecho, es un factor desestabilizador y hasta han hablado de que una movilización es un intento de golpe de estado y lo han equiparado con un acto terrorista.

En la misma línea aparecen cuestiones relativas a la seguridad como paraguas para Bullrich. El PIN apunta también a “actores, hechos o circunstancias que busquen erosionar la confianza de la sociedad” en “los responsables de la seguridad de la Nación”, “en las instituciones de seguridad y defensa” y quienes busquen “deslegitimar las operaciones llevadas a cabo por los organismos de seguridad pública…”. ¿Cuestionar los abusos de las fuerzas de seguridad, ya sea en operativos en la frontera o en actos represivos ante la protesta social entraría en esa categoría?.

Paradojas

En el texto aparecen definiciones llamativamente contradictorias con las políticas libertarias. Se refiere como objetivos a la “desinformación o injerencia cognitiva, difusión de información falsa o engañosa”, algo que descoloca al venir de quienes manejan el ejército de trolls y la usina de fake news. Pide poner en la mira “actividades de actores cuyo propósito manifiesto sea promover la ausencia de autoridad estatal como modelo de sociedad organizada, utilizando la realización de actos violentos como método de expresión de su postura anarquista”. También asocian terrorismo y anarquismo. ¿Dirán (a lo Bullrich) que es para los pueblos originarios?

No queda claro si el PIN lo escribieron varias manos, si mantiene criterios de gobiernos anteriores, o si se usó alguna inteligencia artificial, elucubran en el Congreso. Por caso, un párrafo habla de identificar actores que generen “acciones cognitivas tendientes a la difusión o promoción de discriminación y odio contra grupos especificos y/o minoritarios”. El enigma es si el gobierno hará inteligencia sobre sí mismo ya que ataca, por ejemplo, al colectivo LGTB+ y promueve mensajes de odio, por los que hay denuncias penales. “No odiamos suficiente a los periodistas”, ha dicho el propio Javier Milei. Se señala como objetivos a quienes promueven “la fragmentación social y el uso de la violencia para la resolución de conflictos”, lo que desentona con la política oficial.

Otra similar atañe a la salud pública y la ciencia: el plan pide identificar a quien “influya en el debilitamiento de la confianza de la autoridad sanitaria, el conocimiento científico del área y/o la eficacia de la ciencia aplicada a la jurisdicción nacional”. También a quienes “procuren generar angustia en la población respecto de la propagación de enfermedades, desde la vacunación hasta el tratamiento de enfermedades infectocontagiosas” ¿Qué dirán los partes de inteligencia sobre la visita de este lunes del secretario de Salud antivacunas y anticiencia de Estados Unidos, Robert F. Kennedy? ¿Los muertos fentanilo contaminado? ¿Y la afirmación del Gobierno de que la vacuna contra el covid-19 fue aplicada sin grupo de control (pero es falso)?

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