Aceleran baja de edad de imputabilidad pero la falta de consenso en Congreso genera incertidumbre
Tras el caso de Kim Gómez en La Plata, el oficialismo presiona para reducir la edad de imputabilidad. El plenario de comisiones en Diputados debatirá la medida, pero las diferencias entre los bloques complican el avance. Mientras el Gobierno insiste en fijarla en 13 años, la mayoría opositora plantea un piso de 14.
El asesinato de Kim Gómez, la niña de 7 años que murió tras ser arrojada de un auto robado en La Plata, reactivó un debate que el oficialismo ya había instalado hace meses: la reducción de la edad de imputabilidad. Con el respaldo de Javier Milei, el Congreso tratará el tema en un plenario de comisiones el miércoles 12. El Gobierno pretende fijar la responsabilidad penal en 13 años, pero el panorama legislativo muestra que no hay consenso claro. De hecho, en la oposición predominan posturas que ubican el límite en 14 años o directamente lo mantienen en 16.
La titular de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (PRO), dejó en claro que el oficialismo quiere acelerar el trámite: «No podemos seguir mirando para otro lado mientras los delitos se multiplican. El nuevo régimen penal juvenil es una prioridad para ponerle fin a la impunidad». Sin embargo, el debate es mucho más complejo que definir un número. También se discute qué delitos serían punibles, cuáles serían las sanciones y qué mecanismos de reinserción se aplicarían para evitar la reincidencia.
El oficialismo enfrenta un problema interno. Al enviar el proyecto a cuatro comisiones diferentes (Legislación Penal, Justicia, Familia y Presupuesto), se complicó la posibilidad de juntar las firmas necesarias para emitir dictamen. La Comisión de Familia y Niñez, por ejemplo, es controlada por la oposición, lo que dilató la discusión. A esto se sumó el debate por el Presupuesto 2025, que terminó desplazando otros temas del foco parlamentario. Ahora, con la comisión de Presupuesto más despejada, en el Gobierno creen que el proceso será más rápido.
En total, hay doce proyectos en estudio. Más allá de los matices, todos coinciden en la necesidad de reducir la edad de imputabilidad, salvo en Unión por la Patria. Desde ese bloque sostienen que menos del 1% de los delitos graves en Argentina son cometidos por menores de edad y que el 83% de los adultos delincuentes que pasaron por institutos de menores reincidieron, mientras que entre quienes no estuvieron institucionalizados, la cifra cae al 8%. A pesar de esta postura mayoritaria, Ramiro Gutiérrez, del Frente Renovador, propuso fijar el mínimo en 14 años, con un esquema de sanciones graduales según la gravedad del delito.
El proyecto del oficialismo, elaborado por Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, establece que si la pena supera los tres años de prisión pero no implica la muerte de la víctima o una grave violencia física o psíquica, el castigo podría ser reemplazado por sanciones alternativas como amonestaciones, prohibiciones de contacto o trabajos comunitarios. En los casos más graves, se prevé la prisión domiciliaria o la detención en institutos especializados.
Desde julio, se realizaron siete reuniones de comisión con expertos, pero aún no se llegó a un acuerdo final. El oficialismo buscará acelerar el dictamen, pero todo indica que no habrá un único texto consensuado. A pesar de la presión de Milei, las diferencias entre los bloques y las trabas internas dentro del Congreso siguen marcando el ritmo del debate.
El miércoles 12 será clave para definir el futuro del régimen penal juvenil. El plenario de comisiones debatirá los distintos proyectos, pero los tiempos parlamentarios hacen difícil que la medida llegue al recinto de manera inmediata. Mientras tanto, la inseguridad sigue en el centro de la agenda política y el Gobierno intentará capitalizar el tema para reforzar su discurso de mano dura.
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