La Corte dejó firme la condena a tres años de prisión en suspenso para José Orellana
El exdiputado está procesado en una causa por abuso sexual simple.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó la decisión de ratificar la condena a tres años de prisión en suspenso para el ex diputado José Fernando Orellana, quien actualmente se desempeña como legislador provincial. Esta condena se debe a un caso de abuso sexual simple en el que se vio involucrado Orellana, tras ser denunciado por una secretaria que trabajaba en la Cámara de Diputados de la Nación.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron el recurso de queja presentado por la defensa del ex legislador. La razón detrás de esta decisión fue que la presentación no cumplía con los requisitos formales exigidos por el tribunal.
El caso se remonta al 11 de noviembre de 2016, cuando la víctima ingresó al despacho de Orellana con el fin de informarle sobre la presencia de personas que deseaban verlo. En ese contexto, el ex diputado habría realizado acercamientos inapropiados, expresando frases que, según la denuncia, buscaban intimidar y manipular a la víctima. El relato de la denunciante indica que Orellana tomó su mano, le solicitó su número de teléfono y comenzó a realizar gestos de carácter sexual no consentidos, como besarla en el interior de su oreja, mientras le decía que seguramente nadie la había besado de esa manera.
Tras este episodio, la víctima decidió presentar una denuncia formal. En un primer momento, en abril de 2018, el Juzgado en lo Criminal y Correccional N°6 dictó una falta de mérito en la causa, decisión que fue confirmada por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Sin embargo, meses más tarde, esa decisión fue revisada y Orellana fue finalmente procesado por abuso sexual simple, lo que llevó el caso a juicio oral.
Durante el proceso, el fiscal Sandro Abraldes se refirió a la credibilidad del testimonio de la víctima, describiéndolo como «veraz, verosímil y persistente en el tiempo«. Además, se presentaron filmaciones que corroboraron el relato, así como un informe del DOVIC que detallaba el estado psicofísico de la joven. El fiscal también argumentó que Orellana utilizó su posición de poder y la investidura de diputado nacional para llevar a cabo el acto constitutivo de abuso, lo que agrava la situación desde un punto de vista legal.
Por su parte, la querella reclamó una pena de cuatro años de prisión, considerando la gravedad de los hechos. En su defensa, Orellana insistió en que las acusaciones en su contra eran infundadas y parte de un complot para perjudicar su carrera política. Sin embargo, en 2022, el juez Federico Salvá condenó al exdiputado a tres años de prisión y le impuso una inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos. Además, se estableció una orden de prohibición de acercamiento y contacto con la víctima, así como la extracción de un perfil genético para su inclusión en el Banco de Datos Genéticos, según lo estipulado por la Ley N°26.879.
Este caso pone de relieve las complejidades del sistema judicial argentino en relación con los delitos de abuso sexual y el uso de la autoridad por parte de personas en posiciones de poder. A través de este proceso, se han planteado importantes cuestiones sobre la protección de las víctimas y la respuesta del sistema judicial ante denuncias de abuso en el ámbito político.
