Según el FMI, el costo fiscal de las leyes que vetará Milei es de 1,5% del PBI y el tema puede extenderse “más allá de octubre”
El staff report que publicó hoy el organismo resalta cuán importante es la consolidación fiscal, la reforma del sistema previsional y un mayor grado de cooperación política
El documento técnico que publicó hoy el Fondo Monetario luego de aprobarse la primera revisión del acuerdo –que se completará el lunes con la recepción de USD 2.000 millones– y que incluye un nuevo esquema de acumulación de reservas, considera que las leyes de gasto que sancionó el Senado (aumento de jubilaciones, moratoria y fondos para ayuda por discapacidad) generó un escenario de “tensión política e institucional”.
Según sus cálculos, esas medidas representan un aumento del gasto del 1,5% del PBI, fueron aprobadas en un contexto de “creciente presión electoral” e intensificación de campañas políticas, tanto a nivel nacional como provincial”, de cara a las elecciones legislativas de octubre y estima además que si bien el presidente Javier Milei adelantó que las vetará totalmente, “la resolución de este paquete legislativo podría demorarse más allá de octubre, dada la complejidad de los mecanismos institucionales y la posibilidad de litigios judiciales”.
En una nota al pie del documento el staff del Fondo Monetario recuerda que en septiembre de 2004 el Congreso de Argentina no logró revertir el veto presidencial que bloqueó los aumentos de gasto en pensiones y educación terciaria. La decisión del presidente Milei impidió que las modificaciones presupuestarias, previamente aprobadas por el Poder Legislativo, entraran en vigor, usando para ellos facultades constitucionales.Luis Caputo y Kristalina Georgieva
En cuanto al futuro del sistema previsional, el principal gasto del presupuesto argentino, el FMI recuerda que el “compromiso” oficial del gobierno de Milei es presentar una propuesta de reforma previsional ante el Congreso antes de que finalice 2026. Según el documento, eso marcaría un punto de inflexión en la agenda económica del país. Afirma que el objeto de la iniciativa es simplificar el sistema actual y mejorar la relación entre aportes y beneficios, se inscribe en un contexto de transformaciones fiscales más amplias.
Otro de los rubros en que sustenta una reducción estructural del gasto, de modo de consolidar el presupuesto y llegar a mediano plazo a superávits primarios en torno del 2% del PBI “sin sacrificar el financiamiento de áreas sociales prioritarias” es la reducción de los subsidios energéticos a partir de la continuidad de ajuste progresivo de las tarifas de electricidad y gas para acercarlas a los costos reales de provisión y vincula esta política no solo a una mejora fiscal sino también a acciones ”para fortalecer la competencia en el mercado mayorista de electricidad.
Según el organismo internacional, el objetivo es aliviar las tensiones en la cadena de pagos y evitar la acumulación de deudas entre las distribuidoras eléctricas y la empresa pública Cammesa. Se ha fijado como meta que estas mejoras en la competencia y la transparencia del sector estén implementadas antes de noviembre de 2025.
Como cuestión política, vinculada a lo fiscal, el Fondo Monetario destaca la creación del Consejo de Mayo, integrado por representantes del Congreso, gobiernos provinciales, empresas y sindicatos, como un avance relevante para fortalecer el respaldo social y político a la agenda de reformas apoyada y considera clave lograr un mayor nivel de colaboración del Congreso para para avanzar en reformas estructurales clave, especialmente en los ámbitos tributario, previsional y laboral.
El diagnóstico del FMI es que la fragmentación del sistema previsional ha generado “distorsiones profundas” en la relación entre aportes realizados y beneficios recibidos, debilitando la percepción de justicia y de sostenibilidad del actual sistema. Eso ha llevado al Gobierno, explica, a priorizar una revisión integral para simplificar la estructura del sistema previsional, fortalecer la proporcionalidad entre contribuciones y prestaciones y promover la formalidad en el empleo. El gobierno se ha comprometido, reitera a presentar el proyecto de reforma a fines de diciembre de 2026. Para “garantizar un análisis exhaustivo y una adecuada coordinación con eventuales cambios en el mercado laboral”.
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