El Gobierno reestructura toda la seguridad de Milei y refuerza su custodia
El Gobierno activó una fuerte reconfiguración de la seguridad presidencial con nuevas cámaras, vigilancia móvil y armas no letales. Se busca prevenir ataques, detectar amenazas y limitar accesos tras incidentes recientes y advertencias externas. La orden la dio Karina Milei.
La Casa Rosada puso en marcha una reconfiguración total del sistema de seguridad presidencial. El esquema incluye nuevas cámaras de vigilancia en la quinta de Olivos, la Casa Rosada y el Museo del Bicentenario, un sistema de reconocimiento facial en actos públicos y la incorporación de armas no letales para parte de la custodia de Balcarce 50. Todo bajo la órbita directa de Karina Milei, quien validó la licitación junto a la Casa Militar.
La renovación fue catalogada como “urgente” dentro de los despachos oficiales. El sistema anterior databa de los años 90, de cuando Carlos Menem era presidente. Pese a contar con cámaras de alta definición, la capacidad de almacenamiento era limitada: las grabaciones se borraban antes de cumplir un mes. Fue ese el argumento que el Ejecutivo presentó ante la Justicia cuando se le pidieron imágenes del período abril-agosto de 2021, en el marco de la denuncia contra Fabiola Yáñez.
La licitación para los nuevos equipos fue secreta. Si bien un sector de las autoridades militares quería comprar el equipamiento a una firma estadounidense, finalmente se optó por una empresa nacional, con una condición no negociable: “Nada de tecnología china ni rusa. No los queremos adentro de Olivos”, señalan desde el oficialismo.
Las cámaras ya están en camino y comenzarán a instalarse en los primeros días de agosto. La empresa Automation Systems, propiedad del ex teniente de Fragata Armando Raúl Mayora, es la encargada de la implementación. Este proveedor fue contratado en tiempos de Alberto Fernández y Karina Milei renovó su vínculo en marzo pasado por $30.360.000.
Además, el Gobierno impulsa una profesionalización del personal que vigila la Casa Rosada, en especial a los soldados voluntarios que integran el tercer anillo de seguridad. Actualmente, no portan armas. Pero ya están recibiendo instrucción en defensa personal y tiro, y se planea entregarles pistolas Byrna, que disparan proyectiles no letales con un rango de hasta 20 metros. “Queremos mejorar su preparación y reasignar a tareas administrativas a quienes no cumplen con ciertos requisitos físicos”, explican.
También hay cambios tecnológicos importantes para los actos oficiales. La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), a cargo de Sergio Neiffert, trabaja en la adquisición de un sistema móvil de reconocimiento facial que pueda cruzar datos del Renaper, Migraciones y Seguridad para detectar personas con antecedentes o involucradas en causas federales. “Es necesario porque el Presidente entra por el público y eso es un riesgo constante”, afirman desde su entorno, que admite que en cada acto se ubican francotiradores para seguir sus movimientos.
La seguridad aérea también fue revisada. Se sumó un sistema anti drones, con rifles inhibidores, para evitar intrusiones sobre el espacio aéreo de la residencia presidencial. La decisión se tomó después de que tres drones sobrevolaran Olivos, y se detectaran otros en el Congreso de la Nación y en la embajada de Israel. En este último caso, los dispositivos fueron reclamados por ciudadanos rusos que alegaron haberlos perdido accidentalmente.
La tensión con Irán también motivó un endurecimiento de los controles. El régimen persa volvió a señalar a la Argentina en la previa al aniversario del atentado a la AMIA, y por eso el Ejecutivo reforzará los dispositivos que protegen a Javier Milei durante sus viajes al exterior. En su despacho, se aplicarán chequeos metálicos y eléctricos diarios, y el Presidente sigue usando una remera con tejido antibalístico.
Otro incidente que aceleró la decisión fue la intrusión de una mujer en Olivos a principios de este año. Logró convencer al granadero de la entrada lateral de que tenía una reunión con el Presidente, entró y comenzó a correr por el predio. Desde entonces, Casa Militar viene pidiendo más recursos y se intensificaron los roces con la custodia de la Policía Federal Argentina.
Las nuevas medidas apuntan a una mayor coordinación interna y a la actualización de un sistema que ya mostraba señales de agotamiento, en un contexto de creciente alerta por amenazas internas y externas.
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