En extremo sigilo, Bullrich avanza con una reforma exprés que reconfigura la Policía Federal
El Poder Ejecutivo derogó la ley vigente desde 1958 y presentó un nuevo régimen orgánico para la Policía Federal Argentina. Mayor poder a la inteligencia criminal, emergencia por dos años en la fuerza y una reestructuración total, avalada por la vigencia de la Ley Bases.
Sin levantar demasiado la atención, el Gobierno nacional presentó una nueva Ley Orgánica para la Policía Federal Argentina (PFA) que reemplaza el decreto-ley 333 de 1958 y propone un rediseño completo de la fuerza. El decreto (firmado por el presidente y publicado junto al anexo legal) tiene como objetivo transformar a la Policía en una fuerza de investigación federal, con foco exclusivo en los delitos complejos y la desarticulación de organizaciones criminales.
En este sentido, el texto afirma que la PFA será una “policía líder en investigación proactiva”, dejando atrás sus funciones de patrullaje y prevención de delitos comunes. La nueva normativa elimina de plano toda competencia local en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se estructura a partir de un esquema jerárquico centrado en agencias federales, inteligencia criminal y superintendencias especializadas.
“Es necesario modernizar y reducir la estructura para que la Policía responda mejor a su misión principal”, sostiene el documento firmado por el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich y que considera que esta reforma le da el poder necesario para avanzar en lo que ella considera vital para su plan de seguridad.
Entre los fundamentos, se detalla que la fuerza arrastra “décadas de desinversión”, por lo que se declara a la PFA en emergencia durante dos años, habilitando contrataciones directas y reasignación urgente de recursos.
La reforma le da pie al al Ministerio para redefinir el perfil del personal que ingresa, limitar el cupo de suboficiales y crear un programa de formación para universitarios graduados, en línea con modelos aplicados por el FBI y la Policía Federal de Brasil. Además, se permitirá ascender de escalafón a quienes acrediten experiencia o conocimientos técnicos específicos. “Buscamos una fuerza más competente, motivada y capacitada”, se señala en el decreto.
El nuevo esquema otorga un papel clave a la Dirección General de Inteligencia Criminal, que tendrá la misión de “recolectar, analizar y administrar información sensible”. La dirección, ya empieza a ver los cambios. En las ultimas horas y vía Boletín Oficial designaron al nuevo director de la cartera, Ricardo José Ferrer.
El texto también prevé un Programa Presupuestario de Modernización, financiado con el ahorro que surja de reducir el ingreso de nuevo personal. Ese dinero será destinado a comprar tecnología, rediseñar procesos y reforzar el equipamiento destinado a investigaciones. Por su parte, la Jefatura de la PFA podrá ser ocupada por un oficial superior en actividad o retiro, o incluso por una persona ajena a la institución.
Además de la nueva estructura, el anexo de la ley detalla una larga lista de funciones y atribuciones, entre las que destacan: la investigación de delitos federales, tareas de inteligencia criminal, protección de funcionarios nacionales, búsqueda de prófugos, custodia de objetivos diplomáticos y seguridad en fronteras y aeropuertos. La nueva ley también habilita la prevención de delitos en espacios digitales y la realización de requisas en determinadas circunstancias sin orden judicial.
La medida ya está en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial. El decreto también contempla la derogación de artículos clave de normativas anteriores. De ahora en más, el Congreso deberá intervenir a través de la Comisión Bicameral Permanente, que evaluará la validez del decreto presidencial.
FUENTE: DATACLAVE
