Universidades: el Gobierno no aumentará el presupuesto
Torrendell y Álvarez defendieron los fondos para la educación superior. Sólo habrá cambios si hay déficit cero. Críticas al CIN por partidas sin ejecutar.
El debate por el presupuesto 2025 continuó este jueves en Diputados con la inversión educativa, que fue defendida por el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de política universitarias, Alejandro Álvarez. La chance de un acuerdo parece lejana: los funcionarios ratificaron que no aumentarán las partidas para las universidades, que suman 3,8 billones de pesos.
La suma representa la mitad de lo pedido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que es respaldado en este reclamo por Unión por la Patria (UP), Encuentro Federal y los dos bloques de la UCR, suficientes para reunir una mayoría en ambos recintos. Como explicó La pelea por los fondos para universidades y jubilaciones amenaza con trabar el proyecto de presupuesto, que el Gobierno prevé llevar al recinto en noviembre.
Álvarez le restó importancia al CIN y dijo que está controlado por el radicalismo a través de su titular, Víctor Moriñigo. “Lo que hicieron para pedir el doble de presupuesto fue incorporar proyectos que provocan la expansión. Tengo que evaluarlos para ver si es la ejecución que se necesita, pero no se va a desfinanciar nada de lo que está en ejecución”, aseguró el subsecretario, que admitió un ajuste en el salario docente y lo minimizó por ser menor al del resto de la planta de empleados públicos. Volvió a insistir con las auditorías en las universidades y no descartó revisar salarios.
En su primera ronda de preguntas, Álvarez se cruzó con la oposición, al negar que exista una fórmula polinómica para definir el presupuesto universitario, cómo indicó el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.
«El CIN aprobó seis veces un criterio de distribución y nunca se aplicó. ¿Sabe cómo se distribuía el presupuesto? ¡Haciendo lobby en esta casa! Aquel diputado que tenía mayores vínculos lograba mayor índice. Nosotros ejecutamos lo que realmente se ejecuta», respondió.
El subsecretario cuestionó el gasto en algunas universidades como la de Artes Visuales (UNA), sobre la que se burló por estar «bailando» en Once, en alusión al flashmob que estudiantes realizaron este miércoles con la canción “Fanático” de la cantante Lali Espósito. “Esa universidad, que no cabe duda no es oficialista, va a tener un aumento de 431%. Y la de (San Antonio) Areco va a tener 388%”, prometió.
La plata para las universidades
La discusión universitaria se llevó la mayor parte de las consultas, aunque no fue tema central de la exposición de Torrendel, quien hizo foco en la baja eficacia del gasto educativo, porque «los recursos no están orientados a buenos resultados de aprendizaje, sino que se han invertido en otras acciones y no han tenido tanto impacto educativo específico”, se lamentó.
El secretario planteó como objetivos mejorar la conectividad y la evaluación en la educación media e hizo hincapié en la necesidad de tener información sobre el funcionamiento de las universidades, que representan dos tercios del presupuesto de su cartera.
«Tenemos que lograr que en las universidades los alumnos se gradúen. Tiene que ver con este paradigma de que efectivamente aprendan», señaló. La oposición no se la dejó pasar: Danya Tavela (UCR), Germán Martínez (UP) y Christian Castillo (FIT) le exigieron a Torrendel sin éxito mejoras presupuestarias para las casas de altos estudios. «El Congreso tiene la oportunidad de reasignar partidas», los desafió.
Torrendel aseguró además que la inversión en educación alcanza 4 puntos del presupuesto y proyecta 5 para el próximo, en los niveles de 2012 y muy por encima de los años siguientes. «No se puede comparar un presupuesto realizado en base a endeudamiento o emisión monetaria, con otro de déficit cero. Es una comparación sencilla, que termina en conclusiones injustas», reclamó el secretario.
La diputada Julia Strada (UP) no se la dejó pasar. «El ratio se mide por PBI. Si achicás el denominador, te va a dar menos. Es una trampa medir sin PBI. Todo se mide así», le reprochó la diputada peronista y aprovechó a recriminarle por qué el proyecto elimina el compromiso de invertir el 6% del PIB en educación, un tema que la UCR pidió revisar.
«Lo que vale es lo que se vota. Se han aprobado presupuestos con el 6% comprometido y menos recursos asignados. La política educativa vale por lo que se invierte y no por ese supuesto porcentaje, que incluye gasto no asignado a la educación».
Salarios ajustados
Consultado por Castillo, Álvarez reconoció que existió un ajuste de los salarios de los docentes universitarios. «No hubo recorte de salarios, sino actualización, que no siguió la pauta inflacionaria», admitió, y provocó aplausos irónicos de la sala que lo obligó a explicarse .
«El criterio que ha aplicado el Estado es un índice de actualización, acompañando el esfuerzo que hizo toda la sociedad, aunque algunos cargos jerárquicos de las universidades son autónomos y se han actualizado salarios respecto a la inflación. Pero ni nosotros, ni los docentes ni los trabajadores lo hicimos», se jactó.
«Con el último sueldo de octubre que cobraron del 6,8% y la garantía del salario mínimo, los docentes universitarios tuvieron la mejor paritaria del Estado. No vamos a cerrar la universidad. No vamos a desfinanciar la universidad. Vamos a defender la educación pública, porque creemos en ella», prometió Álvarez.
El subsecretario también tuvo que aclarar sobre salarios universitarios al PRO: el diputado Alejandro Finocchiaro pidió saber si se estaba cumpliendo la garantía salarial acordada con su bloque, como condición para avalar el veto a la ley de financiamiento universitario.
Acorralado, Álvarez garantizó que el mínimo salarial (que no supera los 420 mil pesos) se pagará para los docentes, pero reconoció que falta firmar un acta para aplicarse en los no docentes, que recién suscribirá este jueves. Eso demoraría el aumento a noviembre.
El funcionario insistió en varios tramos de la exposición sobre la necesidad de avanzar en auditorías en las universidades y hasta acusó al Congreso de comprometer a la AGN en la vetada ley de financiamiento, para que no intervenga la SIGEN, que controla el Poder Ejecutivo.
«Lo que pueden auditar son los gastos de funcionamiento, que incluyen el 12%. El resto son salarios», lo corrió Strada. «No hay fuerza sobre la tierra que impida que auditemos», le respondió en tono bíblico el funcionario.
LETRA P.-
