El gremio de aeronáuticos APA presentó un amparo para frenar la venta de Intercargo
La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) denunció que el Gobierno busca entregar Intercargo, una empresa rentable, al sector privado y planea hacerlo sin valuación previa ni control parlamentario. «No buscan eficiencia, buscan destruir derechos laborales», afirman desde la organización sindical.
En medio de un fuerte cuestionamiento de distintos sectores al proceso de privatización de empresas públicas impulsado por el Gobierno nacional, la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) presentó una acción de amparo con pedido de medida cautelar ante la Justicia Federal para suspender la privatización de Intercargo S.A.U., empresa estatal que brinda servicios de rampa en los aeropuertos del país.
Según denunció APA, el Decreto 198/2025, que autoriza la venta de Intercargo, se basa en argumentos falsos y viola principios constitucionales, al presentar a la empresa como deficitaria y dependiente del Estado, cuando los propios datos oficiales desmienten esa afirmación.
“Están intentando privatizar una empresa rentable sin saber cuánto vale, basados en argumentos falsos, y con el único objetivo de desmantelar el Estado y facilitar despidos”, advirtió el secretario general de APA, Edgardo Llano.
Una empresa superavitaria y sin asistencia estatal
Contrario a lo expresado en el decreto, APA mostró que Intercargo ha sido históricamente superavitaria, con ingresos en dólares y sin necesidad de subsidios públicos. En 2024, registró un superávit superior a los $18.000 millones, cifra respaldada por el propio Informe de Ejecución Presupuestaria de Empresas Públicas publicado por la Oficina Nacional del Presupuesto.
La caída de la actividad entre 2020 y 2023, utilizada por el Gobierno como justificativo para su privatización, fue resultado del impacto de la pandemia de COVID-19, que afectó globalmente al sector aeronáutico. Aún así, la recuperación fue sostenida y en 2025, solo en el primer trimestre, la empresa ya mostró más de $5.700 millones de superávit.
Uno de los ejes del amparo presentado es la violación del procedimiento legal obligatorio previsto en la Ley 23.696 de Reforma del Estado, que exige la tasación previa de la empresa antes de cualquier intento de privatización.
El Tribunal de Tasaciones de la Nación reconoció que no está en condiciones de hacerla, ya que su normativa no contempla la valuación de bienes intangibles como el know how, patentes o derechos de operación. Esto habilitó al Ejecutivo a contratar una consultora privada, sin licitación ni publicación de antecedentes.
“En otras palabras, el valor de venta lo define un privado, sin control del Congreso, sin transparencia y sin que funcione la Comisión Bicameral de Seguimiento”, señaló APA en sus redes.
Flexibilización laboral como verdadero objetivo
Desde el sindicato advierten que el verdadero objetivo del Gobierno no es económico, sino ideológico: avanzar sobre los derechos laborales consagrados por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
El propio informe oficial menciona como una traba la “elevada antigüedad del personal”, que impediría la aplicación de “flexibilizaciones acordes con las necesidades operativas”.
“No buscan eficiencia. Buscan destruir derechos laborales”, sostienen desde la organización gremial.
Por todo ello, APA solicitó una medida cautelar de no innovar, que frene inmediatamente cualquier avance licitatorio hasta que se resuelva el fondo del amparo. Desde la conducción gremial reiteran su compromiso con la defensa del trabajo calificado y con derechos, y alertan sobre la entrega de un negocio rentable a sectores cercanos al poder.
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